El Grupo Popular municipal denuncia una falta de seriedad en el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Tarancón y la empresa GICAMAN para adecuar la calle de las 43 viviendas de protección pública

El convenio de urbanización, suscrito entre el Ayuntamiento de Tarancón y la empresa de infraestructuras públicas formaliza la rehabilitación de las obras de urbanización de la calle Plaza de Toros, donde se encuentran las 43 viviendas de protección pública.

Las viviendas, que datan del 2004, se planearon durante el gobierno socialista de Raúl Amores. “Un vial ocuparía indebidamente los terrenos de varios propietarios”, señala la portavoz popular, un vial que ha venido coleando hasta la actualidad y es el motivo del convenio. El equipo popular denuncia que en este convenio no aparezca representada la parte de los propietarios a quienes afecta este proceso de urbanización, pues sus terrenos fueron ocupados por el Ayuntamiento.

Señala el Alcalde, José Manuel López Carrizo que ha mantenido diversas reuniones con el propietario al que más afecta la urbanización planteada por el Ayuntamiento, reuniones que han carecido de un carácter formal.

En referencia a la rúbrica del convenio, María Jesús Bonilla, ha destacado que el convenio estuviese firmado antes del pleno, pues uno de los puntos consistía en aprobar o no la rúbrica del mismo, una práctica que resulta apta a efectos legales, según ha señalado el Secretario del equipo de gobierno.

Plan de Empleo

Con la abstención  del Partido Popular se ha aprobado el suplemento de crédito por el cual se modifica la aportación del Ayuntamiento al Plan de Empleo, una modificación que ha suscitado quejas en el grupo popular municipal, ya que, asegura María Jesús Bonilla (PP) “tiene un informe desfavorable”, por lo que no han apoyado el citado suplemento. De igual modo desde el Partido Popular de Tarancón consideran llamativo que “se habilite la partida una vez el Plan de Empleo está en funcionamiento”.

Esta modificación se debe, según explica el equipo de gobierno socialista, a la falta de la aportación económica de la Diputación Provincial de Cuenca, una falta que se ha traducido en un recorte del 50% en los beneficiarios del Plan de Empleo, siendo este año 25 el total de personas frente a las 50 del pasado 2016.

Peticiones masivas de documentación

Rian Pérez, concejal de Agricultura y Medio Ambiente, ha puesto de manifiesto la disconformidad del equipo de gobierno  frente a la actitud de demandar documentación, una acción que se está llevando a cabo de forma reiterada por el Grupo Popular municipal. Ante “la cantidad de documentación solicitada y la frecuencia con que se ha venido solicitando, el secretario se ha visto en la necesidad de emitir un informe”, explica Rian Pérez, un informe en el que se pone de relieve “la imposibilidad de atender las demandas del grupo popular por ser constantes y muy numerosas”.

Afirman que “no se ha denegado el acceso a ninguna documentación que se ha solicitado”, y que de ser así lo habrían comunicado de forma oficial. La falta de atención a las demandas de documentación se debe a que “los recursos del Ayuntamiento son limitados”, ha indicado Rian Pérez. “La carga de trabajo implicaría obstaculizar el día a día del Ayuntamiento”, un lastre que levanta la sospecha en el equipo de gobierno sobre “el verdadero fin de tanta solicitud, más aún cuando no se argumentan”.

Piden al equipo popular que faciliten la puesta a disposición de la documentación, de forma que se prioricen las solicitudes y se concreten las copias que se solicitan, ya que “no se pueden facilitar copias de todo, de manera genérica”.